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EL PRINCIPIO DE LEGALIDAD EN MATERIA PENAL
EL PRINCIPIO DE LEGALIDAD EN MATERIA PENAL

EL PRINCIPIO DE LEGALIDAD EN MATERIA PENAL

El principio de legalidad en materia penal es un principio fundamental del derecho penal que establece que no puede haber delito ni pena sin una ley previamente establecida que así lo defina. Este principio se encuentra consagrado en diversas legislaciones y en instrumentos internacionales de derechos humanos, como el artículo 9 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y el artículo 15 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

El principio de legalidad implica que no se puede sancionar a una persona por un acto que no esté expresamente tipificado como delito en una ley vigente. Además, establece que la ley penal debe ser clara y precisa, evitando la arbitrariedad y asegurando que las personas tengan conocimiento claro de qué conductas son consideradas delictivas y cuáles son sus consecuencias.

Algunos aspectos clave del principio de legalidad son:

1. Tipicidad: El delito debe estar claramente descrito y definido en la ley penal, indicando cuáles son los elementos y requisitos para su configuración. No puede haber interpretaciones extensivas o analogías para aplicar una sanción penal.

2. Anterioridad: El acto delictivo debe haber sido cometido después de que la ley penal haya sido promulgada. No se puede aplicar retroactivamente una ley penal más gravosa para castigar una conducta que era lícita en el momento en que se cometió.

3. Irretroactividad de la ley penal: Una vez que una conducta ha sido despenalizada, no se puede aplicar la ley penal para perseguir o sancionar dicha conducta en el pasado.

4. Reserva de ley: El principio de legalidad exige que la definición y establecimiento de los delitos y las penas sean realizados por el poder legislativo, que es el órgano encargado de crear y modificar las leyes.

El principio de legalidad es esencial para garantizar la seguridad jurídica, proteger los derechos fundamentales de las personas y prevenir abusos por parte del Estado. Contribuye a evitar la arbitrariedad y asegurar que el ejercicio del poder punitivo se realice dentro de los límites establecidos por la ley.


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